Cuando Bruselas se cree Washington: los exámenes del Parlamento Europeo a la Comisión

Una vez cada cinco años, Bruselas se cree Washington y periodistas, asesores políticos y expertos de todo tipo dejan todo lo que están haciendo para seguir, con mayor o menor entusiasmo, las audiencias del Parlamento Europeo a los comisarios propuestos por los estados miembros. Estas audiencias comenzaron en 1995 y se basan en el modelo de los “confirmation hearings” que lleva a cabo el Senado estadounidense. Como en Washington, los comités del Parlamento Europeo se reparten las audiencias de los comisarios con responsabilidades sobre sus temas. Por ejemplo, el comité de libertades públicas, justicia e interior lleva a cabo el examen de los comisarios de justicia, interior, y, en esta legislatura, del vicepresidente encargado de la “Protección del estilo de vida europeo”, el griego Margaritis Schinas, mientras que el comité encargado de industria, investigación y energía examina al comisario de energía, entre otros. A veces, cuando las responsabilidades de los comisarios afectan a las competencias de más de un comité, las audiencias se llevan a cabo conjuntamente, hasta un máximo de tres comités por comisario. Antes de someterse a la “vista oral”, los comisarios deben responder a una serie de preguntas por escrito de los miembros del comité. Cada audiencia tiene una duración de unas tres horas, y tras ellas, los comités deciden a puerta cerrada y normalmente por consenso, si deciden, o no, aprobar al candidato. 

En realidad, estas audiencias tiene mucho de show business y un poco menos de ejercicio de escrutinio real. Los tratados de la UE no otorgan al Parlamento el derecho, ni la obligación, de llevar a cabo estos exámenes, que son televisados, twitteados y retwitteados ad nauseam por los eurodiputados presentes. Las audiencias son, como muchas otras cosas, una batalla que le ganó el Parlamento al Consejo y la Comisión para tener una mayor visibilidad en el proceso de elección de los líderes de la UE, pero tienen un alcance limitado. En realidad, el Parlamento no tiene la potestad de rechazar a un solo comisario, o a varios, sino que debe aceptar o rechazar a la Comisión en su totalidad – una “opción nuclear” que de momento no ha utilizado nunca (la Comisión Santer, que tuvo que dimitir en bloque en 1999 tras alegaciones de corrupción, lo hizo sólo en el cuarto año de su mandato y tras haber aprobado todas sus audiencias, incluída la de la polémica comisaria francesa Edith Cresson.)

Esto no quiere decir que el Parlamento Europeo no tenga un cierto poder para obligar al Presidente electo de la Comisión, en este caso la conservadora alemana Ursula von der Leyen, a reconsiderar sus propuestas de comisarios. Es más, desde hace tres legislaturas, el Parlamento siempre se cobra una víctima o dos (Barroso tuvo que sacrificar al italiano Rocco Buttiglione y a la letona Ingrīda Ūdre en 2004, así como a la rumana Rumiana Jeleva en 2009. Juncker, a su vez, fue forzado a retirar la candidatura de la ex primera ministra eslovena Alenka Bratušek en 2014). El procedimiento suele ser el mismo. Cualquiera que haya tenido que pasar por el trance de hacer un examen oral ante un tribunal sabe de la importancia de aparentar seguridad, tranquilidad y, sobre todo, de ir con la lección bien sabida. En sus audiencias a los comisarios, el Parlamento Europeo se parece mucho a aquel profesor de derecho administrativo al que todos temíamos: hace preguntas muy concretas, sobre aspectos a veces nimios del dossier asignado al candidato (que, por otra parte, y como la mayoría de los europeos, puede no haber oído hablar en su vida de, digamos, de la propuesta de directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores), y suele tomarse bastante mal que éste o aquél ex primer ministro no haya estudiado lo suficiente sobre política energética, aplicación de los artículos 101 y 102 del tratado de Lisboa o reforma de la política agrícola común. Si el candidato no demuestra conocer en profundidad los temas de su porfolio, o si el Parlamento tiene dudas sobre su capacidad general (algunos, como Bratušek, lo hicieron tan mal en sus audiencias que fueron rechazados de plano), los eurodiputados tienen dos opciones: pedirle al presidente que retire al candidato, u ofrecerle una especie de “recuperación”, un segundo examen, escrito y oral, para darle la oportunidad de aprenderse mejor la lección, o de explicar aspectos que no hayan quedado del todo claros.

La Comisión von der Leyen, que ni siquiera ha comenzado a funcionar aún, está siendo pionera en muchos campos: es la primera Comisión liderada por una mujer, que respeta un escrupuloso equilibrio de cuotas políticas, nacionales y de género. Está decidida a ser la primera Comisión “geopolítica”, y para ello la presidenta von der Leyen ha nominado, también por primera vez, a tres “súper vice presidentes” con amplios poderes sobre casi todos los dossieres que determinarán el papel de la UE en el mundo (política digital, competencia, política climática e inmigración, por citar sólo algunos). Y, como no podía ser menos, también es la primera Comisión que ve rechazados a dos de sus comisarios incluso antes de llegar al proceso de audiencias. Quizás para darle un poco de emoción a lo que era sabido que iba a pasar (el Parlamento esta vez tenía dos candidatos perfectos para su ejercicio quinquenal de cortar cabezas, incluso antes de saber sus nombres. Cualquier candidato de Orban, y, casi por extensión, la mayor parte de los nombres que pudieran proponer tanto el gobierno polaco como el rumano, (estaban en el punto de mira), el comité de asuntos jurídicos (JURI), conocido sólo por los expertos europeos más masoquistas, vetó al húngaro László Trócsányi y la rumana Rovana Plumb. El rechazo es sorprendente no por el veto en sí (la duda sólo era si sería el comisario rumano o el polaco), sino por el hecho de que haya sido el comité de asuntos jurídicos, durante una parte del proceso que se considera un mero trámite (la respuesta por escrito a las preguntas del comité sobre intereses económicos privados de los comisarios) el que haya rechazado a los candidatos. Este veto ha levantado ampollas dentro del mismo Parlamento Europeo: el acuerdo tácito entre comités indica que son los miembros de los comités en audiencia pública los que deben aprobar o rechazar a un candidato. Esto es así no por una cuestión de escrutinio público, sino por un mero cálculo político: las audiencias permiten al Parlamento, y a sus parlamentarios, sacar músculo para que todo el mundo que tenga una conexión a internet, o acceso a una televisión o un periódico, lo vea.

Como el Parlamento no tiene la potestad de rechazar formalmente a un comisario, cualquier veto, y más aún en las circunstancias políticas en las que nos encontramos, le crea al presidente de la Comisión un problema: o bien los gobiernos en cuestión aceptan retirar al candidato y proponer otro, o bien la Comisión en su totalidad se arriesga a ser suspendida por el Parlamento. De momento, los gobiernos húngaro y rumano han accedido a presentar candidatos alternativos, que, a su vez tendrán que someterse al examen del Parlamento. Pero esto no resuelve todos los problemas de von der Leyen: aunque la mayoría de los candidatos que se han sometido a examen esta semana han aprobado, los candidatos de Francia (Sylvie Goulard, encargada de la cartera de mercado interior) y Polonia (Janusz Wojciechowski) no han convencido y tendrán que volver a intentarlo la semana que viene. El Parlamento también intentará convencer a von der Leyen de que cambie el polémico nombre del dossier del griego Schinas.

De momento, von der Leyen, que muchos veían como una candidata de compromiso entre Francia y Alemania, y por tanto poco más que la representante de Macron y Merkel, está demostrando un liderazgo que pocos le atribuían. Veremos como acaba todo.